Autoridad del maestro, Valencia - Noticia

Europa Press
12 de febrero de 2010

El borrador del anteproyecto de Ley de autoridad del profesorado de Valencia reconoce al docente como autoridad pública.

Font de Mora presenta a los sindicatos el texto, que ANPE y CSI.F valoran y FE CCOO PV pide que se plantee a nivel estatal
VALENCIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS)

El conseller de Educación de la Generalitat Valenciana, Alejandro Font de Mora, presentó hoy a los sindicatos educativos un borrador del anteproyecto de Ley de autoridad del profesorado, en el que se reconoce a los docentes como autoridad pública, que tendrán la "adecuada defensa jurídica y protección" en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, cuando ejerzan competencias correctoras o disciplinarias, los hechos que constaten gozarán de "presunción de veracidad".

Según aseguró Font de Mora, con este borrador de anteproyecto, que extenderá al resto de organizaciones y de patronales, "se recoge definitivamente en un texto legal, con mayor rotundidad y precisión que en el decreto, el carácter de autoridad pública de los equipos directivos y de los profesores en el ejercicio de sus funciones". Asimismo, se recoge la extensión del ámbito de esta medida "a todo el sistema educativo financiado con fondos públicos, es decir también a los centros concertados", precisó.

En esta línea, incidió en que en el texto se busca "recoger el hecho de que, dentro de este margen de autoridad, se reconozca al profesorado la importancia social que tiene" y Eel respeto que debe tener por parte del conjunto de la sociedad".

El conseller presentó este texto a los sindicatos en la reunión mantenida para valorar con los sindicatos educativos firmantes del acuerdo del 8 de mayo de 2007 sobre las condiciones laborales y retribuciones del personal funcionario docente no universitario de la Comunitat para el periodo 2007-2009.

El borrador, según señala la Generalitat valenciana, tiene como fin "garantizar el ejercicio efectivo de la función docente en los centros públicos y concertados, la promoción de la convivencia y la autonomía del profesorado en el desarrollo educativo del alumnado".

Además, pretende "fomentar la participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula" así como asegurar el "reconocimiento" y "respeto" de todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello, se reconoce al profesor el derecho a recibir un trato "adecuado" y a desarrollar su labor docente "en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral".

EL ALUMNO, OBLIGADO A REPARAR DAÑOS

En relación con el alumno, el texto recoge también los términos de la responsabilidad y obligación de la reparación de los daños que puedan infringir a los miembros de la comunidad educativa, los centros o cualquier material.

En los casos de agresión física o moral a profesores, "se deberá reparar este daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos", que se concretará mediante resolución de la dirección del centro. Estos hechos se comunicarán al Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial en el caso de que sean constitutivos de delito o falta.

Algunos de los sindicatos ya realizaron hoy una primera valoración de este borrador. En el caso de ANPE, su presidente, Antonio Ponce, señaló que están al "cien por cien de acuerdo" con el texto porque es "la esencia" de lo que quieren para el profesorado. En esta línea se pronunció el presidente del sector de Enseñanza de CSI.F, Miguel Ángel Cerdán, quien felicitó a la Conselleria por un anteproyecto que recoge "buena parte" de las propuestas del sindicato, en una cuestión que consideran "primordial" a la hora de valorar la situación de los docentes.

Sin embargo, la Federación de Enseñanza de CCOO-PV, en un comunicado posterior a la reunión, consideró que esta cuestión "se debería plantear a nivel estatal en el marco del Pacto Educativo, huyendo de personalismos estériles". En su opinión, el borrador "es claramente insuficiente desde el punto de vista legal, ya que no modifica el Código de Justicia Penal".

"Sin esa modificación, el ministerio fiscal puede o no hacer caso de una normativa autonómica, y por ello el personal de privada seguiría quedando fuera del paraguas legal". Por ello, se preguntó "por qué no piden la modificación del Código Penal actual" y sostuvo que "cambiar la denominación de las responsabilidades sin aumentar los recursos destinados a solucionar los problemas como la coordinación con la administración municipal y aumento de refuerzos educativos, no son más que medidas publicitarias".

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