Resumen de España (Juan Carlos XII.2010)

Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey
Palacio de La Zarzuela.
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Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey
Madrid, 24 de diciembre de 2010
© Agencia EFE

¡Buenas noches! Quiero que mis primeras palabras sean para transmitir de corazón a todos los españoles mis mejores deseos de paz, prosperidad y felicidad en estas Fiestas Navideñas y para el Año Nuevo 2011.

Llegamos al final de un año difícil y complejo, marcado por una crisis económica, en España y en otros países, más larga e intensa de lo esperado. En nuestro caso ha puesto de manifiesto desequilibrios y deficiencias estructurales que hemos de resolver juntos con eficacia y prontitud.

Lo más doloroso es que ha golpeado a tantos hombres y mujeres que han sufrido -en su propia carne o en sus familias- la pérdida de empleos. Los parados concentran nuestras preocupaciones; son una prioridad insoslayable. La sociedad española no puede dejar que, especialmente, tantos jóvenes carezcan por más tiempo de un trabajo.

Pienso asimismo en quienes han tenido que cerrar comercios, talleres o negocios. En todas las personas que han asumido grandes sacrificios y esfuerzos a lo largo de este año: trabajadores asalariados, autónomos, profesionales, empresarios, pensionistas o funcionarios. Todos ellos merecen nuestro más amplio respaldo. Sus múltiples desvelos diarios y los de millones de familias, cuentan con nuestra mayor gratitud pues contribuyen al bien de todos.

La crisis ha requerido la adopción de importantes decisiones por parte de nuestros poderes e instituciones públicas a todos los niveles. A escala europea ha exigido concertar nuevas iniciativas. Pese a ciertos signos alentadores, todavía no se ha logrado una plena estabilización y recuperación internacional.

Es preciso seguir adelante con empeño, ganar la batalla al paro con decisión, constancia y firmeza; mejorar en productividad y competitividad, en educación e innovación; y volver a situar a nuestra economía con visión de futuro en el pelotón de cabeza, manteniendo nuestra protección y cohesión social.

Sin un crecimiento adecuado no crearemos empleo. Y para crecer como necesitamos, debemos proseguir y abordar juntos las reformas necesarias, cumpliendo además nuestros compromisos en materia presupuestaria y de déficit. Se trata de modernizar nuestro modelo productivo y de generar mayor confianza para reactivar nuestra economía, proyectando al mundo nuevos ejemplos de vitalidad y de impulso como sociedad.

Pudimos salir con éxito de anteriores crisis económicas. Disponemos de las condiciones y de los instrumentos necesarios para lograrlo de nuevo.

Somos una gran Nación, orgullosa de su pluralidad y diversidad, integrada en la Unión Europea con la que estamos comprometidos y por la que siempre hemos apostado. Un país de personas laboriosas y creativas, con una juventud espléndida, un inmenso y variado patrimonio cultural, modernas infraestructuras y muchas empresas punteras a escala internacional. La misma España que ha sido capaz de progresar y de superar con éxito muchas pruebas.

No hemos llegado hasta aquí para dejarnos vencer por las dificultades, para renunciar a nuestras ambiciones de construir un país cada vez mejor.

Debemos desterrar el desánimo, levantar la cabeza, aunar esfuerzos y continuar la faena, conscientes de lo que somos, de lo que ya tenemos y de lo que podemos avanzar.

Los nuevos tiempos requieren grandes compromisos por parte de todos. Si queremos ganar el futuro, debemos mirar más allá, estimular ilusiones y fortalecer capacidades, sabiendo que juntos llegaremos siempre más lejos.

Por todo ello, para salir de la crisis y asegurar nuevos horizontes de prosperidad y de bienestar, necesitamos unidad, responsabilidad y solidaridad. Estos son los mejores aliados para vencer dificultades y alimentar nuestras esperanzas. Los mismos que han guiado a otros países.

Creo que la actual situación ha puesto de relieve lo evidente: de cómo le vaya a España depende cómo le vaya a cada uno de los españoles. Por eso, no caben actitudes individuales ni colectivas de indiferencia o de egoísmo, que a la postre nos dañan a todos.

Nada que valga la pena se consigue sin renuncias y sin entrega. Es preciso fomentar el ejercicio de grandes valores y virtudes como la voluntad de superación, el rigor, el sacrificio y la honradez. Valores y virtudes cuya ausencia no es ajena al origen de la crisis, y que son consustanciales a toda sociedad justa y equitativa.

En definitiva, debemos unir nuestras fuerzas para alcanzar nuevos logros colectivos, con confianza en nosotros mismos y en nuestro país, contando con la acción de nuestras instituciones en el marco de convivencia y estabilidad que asegura nuestra Constitución.

Todos, empezando por nuestros partidos políticos y agentes económicos y sociales, somos importantes para conjugar voluntades en esta dirección, con generosidad, sentido de Estado y pensando en el interés general.

Quiero reiterar esta noche que el terrorismo solo suscita condena y repudio en cuantos defendemos la libertad y la democracia. No nos debe faltar determinación para acabar con esta lacra. Honremos y arropemos con todo nuestro cariño y solidaridad a las víctimas de la violencia terrorista y a sus familias.

Por otro lado, continuemos prestando la máxima atención a los excluidos y marginados, trabajando por la igualdad de oportunidades y en apoyo de los discapacitados. Redoblemos asimismo esfuerzos para combatir las drogas y terminar con la inaceptable violencia de género. Y por supuesto, cuidemos más nuestro entorno natural.

Nos jugamos mucho a diario en el mundo complejo y competitivo en que vivimos. Por eso tenemos que defender el papel y los intereses de España en el plano internacional y mantener nuestros compromisos con la paz y el desarrollo de muchas naciones necesitadas. En este marco dirijo mi gratitud y afecto, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad desplazados en otros países, que han sufrido la pérdida de compañeros que permanecen en nuestro recuerdo.

Pero el año 2010 nos deja también alegrías, realizaciones y esperanzas, incluidos numerosos triunfos inolvidables en la historia de nuestro deporte. ¡Estoy convencido de que 2011 nos aportará nuevos éxitos y avances en muchos campos!

He contado siempre, y muy especialmente este año, con el afecto de los españoles y con el activo apoyo del Príncipe de Asturias. Al expresar mi agradecimiento quiero, una vez más, asegurar que sigo y seguiré cumpliendo siempre con ilusión mis funciones constitucionales al servicio de España. Es sin duda mi deber, pero es también mi pasión.

Quiero terminar reiterando mi plena confianza en España y en nuestros ciudadanos. Confianza en nuestra capacidad y fortaleza para dejar a nuestros hijos y nietos un país cada vez mejor, con mayor prosperidad en cada pueblo, ciudad y Comunidad Autónoma. En suma, plena confianza en que seguiremos progresando.

¡Muy feliz Navidad y Año Nuevo 2011, en nombre propio y de mi Familia, a todos los españoles y a cuantos extranjeros viven con nosotros!

Buenas noches.

Reforma de la legislación sobre inmigración – USA -

Barak Obama, presidente de USA.
02 de julio de 2010

EL PRESIDENTE:
Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.
Tomen asiento todos, por favor. Muchas gracias.
Permítanme agradecerle al Rev. Hybels que vive cerca de mi ciudad, Chicago, quien se dio tiempo durante sus vacaciones para venir hoy. Es una bendición tenerlo con nosotros.

Quiero agradecerle al rector Neil Kerwin y a nuestros anfitriones aquí en American University; mencionar a mi sobresaliente secretaria de Trabajo, Hilda Solís, y miembros de mi equipo de gobierno; a todos los miembros del Congreso… Hilda merece un aplauso. (Aplausos.) A todos los miembros del Congreso, funcionarios electos, líderes religiosos y de agencias de la ley, líderes laborales, empresariales y defensores de los inmigrantes que están hoy aquí, gracias por su presencia.

Quiero darle las gracias a American University por volver a recibirme en el campus. Quizá algunos recuerden que la última vez que estuve aquí me acompañó mi querido amigo y un coloso de la política estadounidense, el senador Edward Kennedy. (Aplausos.) Teddy ya no está con nosotros, pero su legado, de derechos civiles y cuidado de salud y protección del trabajador, aún lo está.

Era yo entonces candidato a la presidencia y quizá algunos recuerden que planteé que nuestro país había alcanzado un momento clave; que después de años de posponer nuestros problemas más urgentes y, con demasiada frecuencia, ceder a la política del momento, ahora enfrentábamos una opción: podíamos darle la cara resueltamente a nuestros desafíos, con honradez y determinación, o podíamos condenarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos a un futuro menos próspero y menos seguro.

Eso es lo que creía entonces y lo que sigo creyendo. Y por eso, incluso mientras enfrentábamos la más severa crisis económica desde la Gran Depresión, incluso mientras llevábamos a su fin la guerra en Irak y concentrábamos nuestros esfuerzos en Afganistán, mi gobierno se ha rehusado a ignorar algunos de los desafíos fundamentales que enfrenta esta generación.

Iniciamos las más enérgicas reformas educativas en décadas, para que nuestros niños puedan obtener los conocimientos y aptitudes que necesitarán para competir en la economía mundial del siglo XXI.

Finalmente hemos cumplido con la promesa de la reforma de salud, la cual le dará más seguridad a todo estadounidense y frenará los costos que aumentan vertiginosamente y amenazan a familias, empresas y la prosperidad de nuestra nación.

Estamos a punto de reformar un conjunto de normas anacrónicas e ineficaces que rigen Wall Street, para darles más poder a los consumidores y evitar la imprudente especulación financiera que llevó a esta severa recesión.

Y estamos acelerando la transición a una economía de energía limpia al aumentar significativamente los estándares de eficiencia en el consumo de combustible de autos y camiones, y aumentando al doble nuestro uso de fuentes renovables de energía como la eólica y solar; medidas que tienen el potencial de crear industrias nuevas y cientos de miles de empleos nuevos en Estados Unidos.

Entonces, a pesar de las fuerzas del status quo, a pesar de la polarización y la frecuente banalidad de nuestra política, estamos enfrentando los grandes desafíos de nuestros tiempos. Y aunque esta labor no es fácil y los cambios que procuramos no siempre sucederán de la noche a la mañana, lo que hemos dejado en claro es que este gobierno no se limitará simplemente a pasarles el bulto a los que vienen después.

La reforma de la inmigración no es una excepción. En días recientes, el asunto de la inmigración se ha vuelto a convertir en una viva fuente de discordia en nuestro país, con la aprobación de una controversial ley en Arizona y las acaloradas reacciones que hemos visto en todo Estados Unidos. Algunas personas se han manifestado a favor de esta nueva política. Otras han protestado e iniciado boicots del estado. Y en todas partes, la gente ha expresado su frustración con un sistema que parece ser defectuoso de raíz.

Por supuesto que la tensión en torno a la inmigración no es nueva. Por un lado, siempre nos hemos definido como una nación de inmigrantes: una nación que acoge a quienes están dispuestos a aceptar los preceptos de Estados Unidos. De hecho, es el flujo constante de inmigrantes lo que ha ayudado a hacer a Estados Unidos lo que es. Los avances científicos de Albert Einstein, los inventos de Nikola Tesla, las grandes empresas como U.S. Steel de Andrew Carnegie y Google, Inc. de Sergey Brin. Todo esto fue posible gracias a los inmigrantes.

Y luego están los innumerables nombres y silenciosos actos que nunca llegan a los textos de historia, pero que fueron igualmente importantes para el desarrollo de este país… las generaciones que superaron dificultades y grandes riesgos para llegar a nuestras costas en busca de una vida mejor para sí mismos y su familia; los millones de personas, antepasados de la mayoría de nosotros, que creyeron que había un lugar donde, por fin, podían tener la libertad de trabajar y practicar su religión y vivir en paz.

Entonces, este flujo constante de gente trabajadora y de talento ha hecho de Estados Unidos el motor de la economía mundial y una luz de esperanza en todo el mundo. Y nos ha permitido adaptarnos y prosperar ante cambios tecnológicos y sociales. Hasta la fecha, Estados Unidos recibe enormes beneficios económicos porque seguimos atrayendo a los mejores y más brillantes de todo el mundo. La gente viene aquí con la esperanza de ser parte de una cultura con espíritu empresarial e ingenio, y al hacerlo fortalecen y enriquecen esa cultura. La inmigración también significa una fuerza laboral más joven –y una economía de más rápido crecimiento– que las de muchos de nuestros competidores. Y en un mundo cada vez más interconectado, la diversidad de nuestro país es una gran ventaja en la competencia mundial.

Hace apenas unas semanas, tuvimos un evento con dueños de pequeñas empresas en la Casa Blanca. Y uno de los empresarios fue una mujer llamada Prachee Devadas que vino a este país, se hizo ciudadana y abrió una exitosa compañía de servicios tecnológicos. Cuando comenzó, tenía apenas un empleado. Hoy en día, emplea a más de cien personas. En abril, tuvimos una ceremonia de naturalización en la Casa Blanca para miembros de nuestras Fuerzas Armadas. A pesar de no ser ciudadanos todavía, se habían inscrito. Entre ellos estaba una mujer llamada Perla Ramos. Nació y se crió en México y vino a Estados Unidos poco después del 11 de septiembre y luego ingresó a la Marina. Dijo, “Me enorgullece nuestra bandera y la historia que forjó a esta gran nación y la historia que escribimos día a día”.

Estas mujeres, y hombres y mujeres como ellos en todo el país, nos recuerdan que los inmigrantes siempre han contribuido al desarrollo y la defensa de este país, y que ser estadounidense no es cuestión de sangre ni nacimiento. Es cuestión de fe. Es cuestión de lealtad por los valores que compartimos y respetamos. Eso es lo que nos hace únicos. Eso es lo que nos da fortaleza. Cualquiera puede ayudarnos a redactar el próximo gran capítulo de nuestra historia.

Ahora bien, no podemos olvidar que este proceso de inmigración y la inclusión que termina sucediendo a menudo ha sido doloroso. Cada nueva oleada de inmigrantes ha generado temor y resentimiento hacia los recién llegados, particularmente en tiempos de dificultades económicas. Nuestra fundación se basó en la noción de que, en palabras de Thomas Jefferson, Estados Unidos era único como lugar de refugio y libertad para “la humanidad oprimida”. Sin embargo, la tinta de nuestra Constitución apenas se había secado cuando, en medio de un conflicto, el Congreso aprobó las Leyes de Extranjeros y Sedición (Alien and Sedition Acts), que impuso duras restricciones para quienes se sospechaba leales a países extranjeros. Hace un siglo, inmigrantes de Irlanda, Italia, Polonia, otros países europeos eran sometidos rutinariamente a discriminación social y desagradables estereotipos. Se detenía y deportaba a inmigrantes chinos en la isla Ángel de la bahía de San Francisco. Ni siquiera lograban ingresar.

Entonces, la política sobre a quién se le permite entrar y a quién no a este país, y bajo cuáles condiciones, ha sido sumamente contenciosa. Y ése todavía es el caso. Y el problema empeora porque quienes estamos en Washington no solucionamos las fallas del sistema de inmigración.

Para comenzar, nuestras fronteras son porosas desde hace varias décadas. Obviamente, el problema es peor a lo largo de la frontera sur, pero no se limita a esta parte del país. De hecho, debido a que no hacemos una buena labor de mantenernos al tanto de quienes entran y salen del país como visitantes, muchos evitan las leyes de inmigración simplemente quedandose después que caducó su visa.

El resultado es aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La gran mayoría de esos hombres y mujeres simplemente buscan una vida mejor para sí mismos y sus hijos. Muchos se quedan en sectores de la economía con salarios bajos; trabajan arduamente, ahorran y no se meten en problemas. Pero debido a que viven en la clandestinidad, son vulnerables a empresas inescrupulosas que pagan menos del salario mínimo o trasgreden normas de seguridad laboral, y esto coloca en injusta [des]ventaja a las empresas que cumplen con dichas normas y a los estadounidenses que exigen con razón el salario mínimo o sobretiempo. No se denuncian los crímenes, ya que las víctimas y los testigos temen apersonarse. Y esto dificulta que la policía capture a los criminales violentos y que mantenga seguros los vecindarios. Y se pierden miles de millones en ingresos tributarios todos los años debido a que se paga por lo bajo a los trabajadores indocumentados.

Y lo que es más importante: la presencia de tantos inmigrantes ilegales se mofa de quienes pasan por el proceso de inmigrar legalmente. De hecho, tras años de soluciones y modificaciones en forma de parches incongruentes, el sistema de inmigración legal tiene tantos defectos como nuestras fronteras. El trabajo acumulado y la burocracia implican que el proceso puede tardar años. Mientras un solicitante aguarda aprobación, a menudo se le prohíbe que visite Estados Unidos, lo que significa que los cónyuges se ven forzados a pasar muchos años separados. Altas cuotas y la necesidad de abogados pueden excluir a solicitantes dignos. Y aunque les damos a estudiantes de todo el mundo visas para obtener grados de ingeniería e informática en nuestras mejores universidades, nuestras leyes los desalientan de usar esas aptitudes para iniciar un negocio o impulsar una nueva industria aquí mismo en Estados Unidos. En vez de capacitar a empresarios para que generen empleo dentro de nuestras costas, entrenamos a nuestros competidores.

En resumen, el sistema tiene serios problemas. Y todos lo saben. Desafortunadamente, la reforma ha sido víctima de las maniobras políticas y las riñas entre intereses particulares, como también de la opinión predominante en Washington que hacerle frente a un asunto tan complejo e inherentemente cargado de emoción no es buena idea en términos políticos.

Hace apenas unos años, cuando era senador, creamos una coalición bipartidista a favor de la reforma integral. Bajo el liderazgo del senador Kennedy, defensor de la reforma de inmigración durante mucho tiempo, y el senador John McCain, trabajamos superando diferencias políticas para ayudar a que se aprobara en el Senado una medida que contaba con la aprobación de ambos partidos. Pero a fin de cuentas, ese esfuerzo se desmoronó. Y ahora, bajo la presión del partidismo y la política propia de un año de campaña electoral, muchos de los 11 senadores republicanos que votaron a favor de la reforma en el pasado ahora han dado un paso atrás y dejaron de apoyarla.

Dada esta brecha, estados como Arizona han decidido tomar cartas en el asunto. Dado el nivel de frustración en todo el país, es comprensible. Pero también es equivocado. Y no es sólo que la ley aprobada en Arizona sea polémica, si bien le ha echado leña a un debate que ya era contencioso. Las leyes como la de Arizona ejercen una presión enorme en las agencias locales de la ley para que velen por el cumplimiento de normas que a fin de cuentas, no se pueden hacer cumplir. Ejerce presión en los presupuestos ya ajustados de los estados y las municipalidades. Dificulta que la gente que está aquí ilegalmente denuncie crímenes, lo que crea una división entre las comunidades y la policía, y hace que nuestras calles sean más peligrosas y la labor de los policías más difícil.

Y no me tienen que creer a mi, pueden hablar con los jefes de policía y otros agentes de la ley aquí presentes hoy, quienes les dirán lo mismo.

Estas leyes también tienen el potencial de trasgredir los derechos de ciudadanos estadounidenses y residentes legales inocentes, ya que los somete a que posiblemente los paren o cuestionen debido a su apariencia y su acento. Y si otros estados y municipalidades aprueban sus propias leyes, enfrentamos la posibilidad de que haya normas distintas de inmigración en diferentes partes del país, una variedad incongruente de normas locales de inmigración cuando todos sabemos que lo que se necesita es un estándar nacional claro.

Nuestra tarea, entonces, es hacer que nuestras leyes nacionales en efecto cumplan con su cometido, crear un sistema que refleje nuestros valores como estado de derecho y nación de inmigrantes. Y eso significa ser francos sobre el problema e ir más allá de los debates falsos que dividen al país en vez de unirlo.

Por ejemplo, hay miembros de la comunidad a favor de los derechos de los inmigrantes que argumentan fervorosamente que simplemente deberíamos proporcionarles un estatus legal a quienes están [aquí] ilegalmente o por lo menos ignorar de las leyes existentes y acabar con las deportaciones hasta que tengamos leyes mejores. Y a menudo este argumento se presenta en términos morales: ¿Por qué hemos de castigar a gente que simplemente trata de ganarse la vida?

Reconozco el sentido de compasión que impulsa este argumento, pero creo que una estrategia indiscriminada sería insensata e injusta. Les indicaría a quienes consideran venir aquí ilegalmente que no habrá repercusiones por una decisión así. Y esto podría llevar a un aumento en la inmigración ilegal. Y también ignoraría a millones de personas alrededor del mundo que esperan en fila para venir aquí legalmente.

A fin de cuentas, nuestra nación, como todas las naciones, tiene el derecho y la obligación de controlar sus fronteras y dictar leyes para la residencia y ciudadanía. E independientemente de lo decentes que sean, las razones que tengan, se debe hacer que los 11 millones de personas que infringieron estas leyes rindan cuentas por sus actos.

Ahora bien, si la mayoría de los estadounidenses siente escepticismo sobre una amnistía generalizada, también sienten escepticismo de que sea posible detener y deportar a 11 millones de personas. Saben que no es posible. Una campaña de ese tipo sería logísticamente imposible y descabelladamente costoso. Es más, rasgaría la fibra social de esta nación, porque los inmigrantes que están aquí ilegalmente son ahora una parte integral de ella. Muchos tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Algunos son niños, a quienes sus padres trajeron aquí de muy pequeños y que crecieron como niños estadounidenses y sólo descubrieron su estatus ilegal cuando postularon a la universidad o a algún empleo. Los trabajadores migrantes –la mayoría de los cuales está aquí ilegalmente– han sido la fuerza laboral de nuestros agricultores y empresarios agrícolas durante muchas generaciones. Entonces, incluso si fuese posible, un programa de deportaciones masivas alteraría nuestra economía y las comunidades de maneras en que la mayoría de los estadounidenses consideraría intolerable.

Ahora, una vez que vayamos más allá de los dos extremos de este debate, se hace posible forjar una estrategia práctica y con sentido común que refleje nuestro patrimonio y nuestros valores. Este tipo de estrategia exige que todos rindan cuentas: el gobierno, las empresas y las personas.

El gobierno tiene la responsabilidad fundamental de resguardar nuestras fronteras. Por eso he dado instrucciones a la secretaría de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, ex gobernadora de un estado fronterizo, de que mejore nuestra política de velar por el cumplimiento de la ley sin tener que esperar una nueva ley.

Hoy, tenemos más efectivos en el terreno cerca de la frontera sudoeste que en ningún otro momento de nuestra historia. Permítanme repetirlo: tenemos más efectivos en el terreno en la frontera sudoeste que en ningún otro momento de nuestra historia. Hemos aumentado al doble el personal asignado a nuestros Grupos de Trabajo de Control y Seguridad Fronteriza (Border Enforcement Security Task Forces). Hemos aumentado al triple el número de analistas de inteligencia a lo largo de la frontera. Por primera vez, hemos comenzado a inspeccionar 100 por ciento de los envíos por tren hacia el sur. Y como resultado, hemos confiscado más armas ilegales, dinero en efectivo y drogas que en años pasados. Al contrario de lo que dicen algunos de los informes que se ven, el crimen a lo largo de la frontera ha bajado. Y los datos estadísticos recopilados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection) reflejan una reducción significativa en el número de personas que tratan de cruzar la frontera ilegalmente.

Entonces, el asunto es el siguiente: la frontera sur está más segura hoy en día que nunca antes en los últimos 20 años. Eso no significa que no nos quede trabajo por hacer. Debemos hacer ese trabajo, pero es importante reconocer los hechos. A pesar de que estamos comprometidos a hacer lo necesario para resguardar nuestras fronteras, incluso sin la aprobación de una nueva ley, hay quienes alegan que no deberíamos avanzar con ninguno de los demás elementos de la reforma hasta que hayamos sellado del todo nuestras fronteras. Pero nuestras fronteras simplemente son demasiado extensas para que podamos resolver el problema con tan sólo muros y patrullas fronterizas. No funcionará. Nuestras fronteras no estarán seguras mientras se dediquen nuestros limitados recursos no sólo a detener pandillas y terroristas potenciales, sino también a los cientos de miles que tratan de cruzar todos los años, simplemente para encontrar trabajo.

Por eso se debe responsabilizar a las empresas si trasgreden la ley al contratar deliberadamente a trabajadores indocumentados y explotarlos. Ya hemos comenzado a aumentar los operativos contra los centros laborales que son los peores trasgresores. Y estamos implementando y mejorando un sistema para darles a los empleadores una manera segura de verificar que sus empleados estén aquí legalmente. Pero es necesario que hagamos más. No podemos continuar haciéndonos de la vista gorda mientras una porción significativa de nuestra economía opera al margen de la ley. Genera abusos y malas prácticas. Castiga a los empleadores que actúan responsablemente y perjudica a los trabajadores estadounidenses. Y a fin de cuentas, si disminuye la demanda de trabajadores indocumentados, el incentivo para que la gente venga aquí ilegalmente también se reducirá.

Finalmente, debemos exigir responsabilidad de la gente que vive aquí ilegalmente. Se debe requerir que admitan que infringieron la ley. Se debe requerir que se inscriban, paguen sus impuestos, paguen una multa y aprendan inglés. Deben regularizar su situación antes de poder ponerse en fila para obtener la ciudadanía, no solamente porque es justo, no solamente porque les dejará en claro a quienes desean venir a Estados Unidos que lo deben hacer conforme a la ley, sino porque es así que demostramos que ser… lo que significa ser estadounidense. Ser ciudadano de este país conlleva no sólo derechos, sino también ciertos deberes fundamentales. Podemos crear una vía para el estatus legal que sea justa, refleje nuestros valores y funcione.

Ahora bien, detener la inmigración ilegal va de la mano con la reforma de nuestro defectuoso sistema de inmigración legal. Hemos empezado a hacer eso eliminando el atraso en los trámites de verificación de antecedentes penales que en cierto momento llegó a ser de un año, y eso sólo para el trámite de antecedentes penales. Ahora la gente puede hacer el seguimiento de sus trámites de inmigración por correo electrónico o mensajes de texto. Hemos mejorado la responsabilidad y seguridad en el sistema de detención. Y hemos contenido el incremento en las tarifas de naturalización. Pero aquí también necesitamos hacer más. Debemos hacer que sea más fácil que los mejores y más brillantes vengan a abrir un negocio, desarrollar productos y generar empleo.

Nuestras leyes deben respetar a las familias que siguen las reglas, en lugar de separarlas. Debemos proporcionarles a los agricultores una manera legal de contratar a los trabajadores que necesitan y una manera para que esos trabajadores puedan legalizar su situación. Y debemos dejar de castigar a menores de edad inocentes por los actos de sus padres, al negarles la oportunidad de quedarse aquí, recibir una educación y aportar su talento para construir un país donde han crecido. La Ley DREAM haría esto, y por eso apoyé esta ley como legislador estatal y como senador federal, y por eso continúo apoyándola como Presidente.

Entonces, éstos son los elementos esenciales de una reforma integral de la inmigración. La pregunta ahora es si tendremos el valor y la voluntad política de aprobar la ley en el Congreso, para finalmente hacer esto. El verano pasado sostuve una reunión con líderes de ambos partidos, entre ellos muchos de los republicanos que apoyaron la reforma en el pasado y algunos que no la apoyaron. Y me complació ver un marco bipartidista propuesto en el Senado por los senadores Lindsey Graham y Chuck Schumer, con quienes me reuní para hablar de este tema. He hablado con el Grupo Hispano del Congreso (Congressional Hispanic Caucus) para reunirnos y trazar un plan, y luego me reuní con ellos a principios de esta semana.

Y he hablado con representantes de una coalición cada vez más numerosa de sindicatos y grupos empresariales, defensores de inmigrantes y organizaciones comunitarias, agencias de la ley y gobiernos locales... todos los que reconocen la importancia de la reforma de la inmigración. Y me reuní con líderes de las comunidades religiosas de Estados Unidos, como el Rev. Hybels, gente de diferentes credos y religiones, algunos liberales y algunos conservadores que, no obstante, comparten el sentido de urgencia, que comprenden que solucionar los problemas de nuestro fallido sistema de inmigración no sólo es una cuestión política, no sólo una cuestión económica, sino también un imperativo moral.

Y hemos alcanzado logros. Estoy listo para seguir adelante, los demócratas, en su mayoría, están listos para seguir adelante, y creo que los estadounidenses, en su mayoría, están listos para seguir adelante. Pero el hecho es que, sin apoyo de ambos partidos, como el que hubo hace unos años, no podemos resolver este problema. No es posible aprobar una reforma que lleve rendimiento de cuentas a nuestro sistema de inmigración sin votos republicanos. Ésa es la realidad política y matemática. La única manera de reducir las probabilidades de que este esfuerzo falle otra vez debido a la política es si los miembros de ambos partidos están dispuestos a asumir la responsabilidad por resolver este problema de una vez por todas.

Y sí, éste es un tema que suscita fervor y que se presta a la demagogia. Una y otra vez, este tema se ha usado para dividir, azuzar y satanizar a la gente, y entonces, el impulso natural y comprensible entre quienes son candidatos en elecciones es dejar este asunto de lado y diferir este asunto un día más, un año más, un periodo presidencial más. A pesar del liderazgo valiente que demostraron muchos demócratas y republicanos en el pasado, entre ellos, dicho sea de paso, mi predecesor, el Presidente Bush, ésta fue la norma. Por eso todavía tenemos un sistema defectuoso y peligroso que es ofensivo para nuestros valores estadounidenses fundamentales.

Pero creo que podemos poner la política de lado y finalmente tener un sistema de inmigración que rinda cuentas. Considero que podemos apelar no a los temores de la gente, sino a sus esperanzas, sus ideales más altos. Porque así somos los estadounidenses. Está inscrito en el sello de nuestra nación desde la declaración de independencia. “E pluribus unum”. De muchos, uno. Eso fue lo que atrajo a los perseguidos y empobrecidos a nuestras costas. Eso fue lo que llevó a los innovadores y audaces de todo el mundo a probar suerte aquí, en el país de las oportunidades. Eso fue lo que llevó a la gente a soportar miserias indescriptibles para llegar a este país llamado Estados Unidos.

Una de las mayores olas de inmigración de nuestra historia tuvo lugar hace poco más de un siglo. En ese tiempo, se desterraba de Europa Oriental a los judíos, quienes a menudo escapaban en medio de balaceras y a la luz del fuego de sus aldeas incendiadas. El viaje podía tomar meses, mientras las familias cruzaban ríos en la oscuridad de la noche, viajaban millas a pie y cruzaban el peligroso y turbulento Atlántico Norte. Una vez aquí, muchos se instalaron al sur de Manhattan, una zona llena de vida y actividad.

Fue entonces que una joven llamada Emma Lazarus, cuya familia había escapado de la persecución en Europa varias generaciones antes, adoptó la causa de estos nuevos inmigrantes. Aunque era poeta, pasó mucho tiempo abogando por mejor cuidado de salud y vivienda para los recién llegados. Inspirada por lo que vio y escuchó, escribió sus pensamientos y donó su trabajo para ayudar a construir una nueva estatua: la Estatua de la Libertad, que en realidad fue financiada en parte por pequeñas donaciones de gente de todo Estados Unidos.

Muchos años antes de que se construyera la estatua, mucho antes de que la vieran multitudes de inmigrantes alargando el cuello al cielo para ver el final de un viaje largo y brutal, mucho antes de que se convirtiera en el símbolo de todo lo que valoramos, ella se imaginó lo que podía significar. Se imaginó la visión de una estatua gigantesca en el umbral de una gran nación, pero a diferencia de los grandes monumentos de la antigüedad, ésta no sería el símbolo de un imperio. En vez, sería el símbolo del arribo a un refugio, un lugar con libertad y oportunidades. Escribió:

“Aquí se levanta a nuestras puertas, / bañadas de sol y de mar/ Una mujer poderosa con una antorcha/ de cuya mano sale un haz de luz,/ símbolo de bienvenida al mundo/ “¡Que las antiguas tierras conserven su ilustre pompa!/ ¡Que vengan a mí sus multitudes exhaustas y pobres/ que anhelan ser libres…!/ Envíenme a los desamparados y náufragos de tormentas/ ¡Mi luz brilla junto a la puerta dorada!”.

Recordemos estas palabras. Porque cada generación tiene la responsabilidad de asegurar que esa luz, ese símbolo, continúe brillando como una fuente de esperanza para el mundo y una fuente de prosperidad aquí en nuestro país.

Gracias. Y que Dios los bendiga y bendiga a Estados Unidos de Norteamérica

Muchas gracias.

http://www.abc.es/20100702/internacional/discurso-obama-inmigracion-201007020156.html

La situación relativa al Sáhara Occidental (ONU)

Capítulo VIII.
Examen de cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacionales (17.XI.2009)

8. La situación relativa al Sáhara Occidental

Decisión de 27 de junio de 1990 (2929ª sesión):
resolución 658 (1990)

El 18 de junio de 1990, de conformidad con la resolución 621 (1988) de 20 de septiembre de 1988, el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre la situación relativa al Sáhara Occidental1. Dicho informe contenía el texto de las propuestas de arreglo formuladas por el Secretario General y el Presidente en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana (OUA) y aceptadas en principio el 30 de agosto de 1988 por las partes en el conflicto del Sáhara Occidental, a saber, Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario). En el informe también se esbozaba el plan propuesto por el Secretario General para llevar a efecto dichas propuestas. Los elementos principales del plan de arreglo eran una cesación del fuego y la celebración de un referéndum para que el pueblo del Sáhara Occidental, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, pudiera elegir, sin restricciones militares ni administrativas, entre la independencia y la integración con Marruecos. El plan de aplicación se basaba en las recomendaciones formuladas por la Comisión Técnica establecida el 30 de junio de 1989 y en las respuestas de las partes al proyecto de calendario presentado por la Comisión.

Entre otras cosas contemplaba una cesación del fuego supervisada por personal militar de las Naciones Unidas, seguida de un intercambio de prisioneros de guerra; una reducción sustancial y gradual de las tropas de Marruecos en el Territorio; el confinamiento de los combatientes de ambos lados a una serie de lugares determinados, vigilados por personal militar de las Naciones Unidas; la organización y la realización de un referéndum por las Naciones Unidas 24 semanas después de que hubiera entrado en vigor la cesación del fuego; la supervisión por las Naciones Unidas de otros aspectos de la administración del Territorio, en especial el mantenimiento del orden público, a fin de garantizar que se dieran las condiciones necesarias para la celebración de un referéndum libre e imparcial; y el regreso de los refugiados, otros saharauis occidentales residentes fuera del Territorio y miembros del Frente Polisario con derecho a votar.

Con arreglo al plan de aplicación, durante un período de transición que comenzaría con la entrada en vigor de la cesación del fuego y terminaría con la proclamación de los resultados del referéndum, el Representante Especial del Secretario General tendría responsabilidad única y exclusiva con respecto a todas las cuestiones relacionadas con el referéndum. Contaría con la asistencia de un grupo de apoyo integrado por personal civil, militar y de policía civil de las Naciones Unidas, conocido con el nombre de Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). El Secretario General consideró que el plan de aplicación propuesto, que sería llevado a efecto por las Naciones Unidas en colaboración con la OUA, cuyos representantes participarían como observadores oficiales, constituía un medio eficaz de celebrar un referéndum y permitir que el pueblo del Sáhara Occidental determinara su futuro sin limitaciones militares ni administrativas. En consecuencia, transmitió dicho plan al Consejo para que adoptara las medidas que estimara pertinentes con objeto de facilitar su ejecución a la mayor brevedad posible. Subrayó que la operación de las Naciones Unidas sería amplia y complicada y señaló que, debido a una serie de incógnitas, por el momento no era posible presentar al Consejo una estimación, siquiera preliminar, del costo que pudiera entrañar. Por ello se proponía enviar una misión técnica al Territorio y a los países vecinos en el futuro inmediato con objeto de refinar los aspectos administrativos del plan y obtener la información necesaria —en particular en relación con la disponibilidad de apoyo y suministros logísticos en el Territorio— para preparar un informe adicional al Consejo, en el que figurara una estimación del costo de la MINURSO. En dicho informe, recomendaría al Consejo que autorizara el inmediato establecimiento de la MINURSO.

En su 2929ª sesión, celebrada el 27 de junio de 1990 de conformidad con el entendimiento a que se había llegado en sus consultas previas, el Consejo incluyó el informe del Secretario General en su orden del día. Después de aprobar el orden del día, el Presidente (Francia) señaló a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución que se había preparado en el curso de las consultas anteriores del Consejo. A continuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 658 (1990), cuyo texto era aprobado sin modificaciones como resolución 658 (1990).

El Consejo de seguridad,

Recordando su resolución 621 (1988) de 20 de septiembre de 1988, en virtud de la cual decidió autorizar al Secretario General a designar un Representante Especial para el Sáhara Occidental y pedir al Secretario General que le presentase lo antes posible un informe sobre la celebración de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y sobre medios apropiados para asegurar la organización y supervisión de dicho referéndum por las Naciones Unidas en cooperación con la Organización de la Unidad Africana,

Recordando también que, el 30 de agosto de 1988, el Reino de Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro dieron en principio su asentimiento a las propuestas presentadas por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en el marco de su misión conjunta de buenos oficios,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental,

1. Expresa su pleno apoyo al Secretario General en su misión de buenos oficios, llevada a cabo conjuntamente con el Presidente en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, con miras a resolver la cuestión del Sáhara Occidental;

2. Aprueba el informe del Secretario General, transmitido al Consejo de conformidad con la resolución 621 (1988) con miras a resolver la cuestión del Sáhara Occidental, que contiene el texto completo de las propuestas de arreglo aceptadas por las dos partes el 30 de agosto de 1988 juntamente con un bosquejo del plan presentado por el Secretario General para aplicar esas propuestas;

3. Pide a las dos partes que colaboren plenamente con el Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana en sus esfuerzos por lograr la pronta solución de la cuestión del Sáhara Occidental;

4. Acoge con agrado la intención del Secretario General de enviar, en el futuro inmediato, una misión técnica al Territorio y a los países vecinos, particularmente para refinar los aspectos administrativos del plan bosquejado y obtener la información necesaria para la preparación de un informe adicional al Consejo de Seguridad;

5. Pide al Secretario General que transmita lo antes posible al Consejo de Seguridad un informe detallado adicional sobre su plan de aplicación, que contenga en particular una estimación del costo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, en la inteligencia de que este informe adicional servirá de base al Consejo de Seguridad para autorizar el establecimiento de la Misión.


Decisión de 29 de abril de 1991 (2984ª sesión):
resolución 690 (1991)

El 19 de abril de 1991, de conformidad con la resolución 658 (1990), el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad un informe adicional sobre la situación relativa al Sáhara Occidental3. Teniendo en cuenta la labor de la misión técnica y las opiniones expresadas por ambas partes, el informe contenía una serie de propuestas detalladas sobre la composición, dotación y calendario de la MINURSO4, así como una estimación del costo global de la misión. La misión estaría integrada por tres unidades: a) una unidad civil, que incluiría una Comisión de Identificación encargada de la tarea fundamental de identificar e inscribir a todos los naturales del Sáhara Occidental que reunieran las condiciones para votar en el referéndum; a) una Comisión de Referéndum, para prestar asistencia al Representante Especial en todos los aspectos de la organización y realización del referéndum; y un componente bajo la responsabilidad del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para aplicar el programa de repatriación y facilitar el regreso voluntario de las personas a las que se hubiera reconocido el derecho a votar; b) una unidad de seguridad; y c) una unidad militar.

Por lo que al calendario se refiere, el Secretario General propuso que el Día D (el día en el que debía comenzar el período de transición y entrar en vigor la cesación del fuego) se fijara 16 semanas después de la aprobación del presupuesto de la MINURSO por la Asamblea General. En cuanto a la duración de la operación, anticipó que el referéndum podría celebrarse 36 semanas después de la aprobación del presupuesto de la Misión por la Asamblea General, aunque la MINURSO podría seguir desempeñando sus funciones de supervisión derivadas de los resultados del referéndum durante un período de cuatro a seis semanas a partir de entonces. No obstante, advirtió que la duración de los diversos procesos que se indicaban en el calendario era aproximada y podía necesitar ajustes.

Por lo que respecta a los aspectos financieros de la operación, el Secretario General estimó que su costo general, inclusive el programa de repatriación, ascendería aproximadamente a 200 millones de dólares. Recomendó que los gastos de la MINURSO se consideraran como gastos de la Organización, que habían de ser sufragados por los Estados Miembros de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta, excepto el programa de repatriación, que tendría un costo estimado de unos 35 millones de dólares que se financiarían mediante contribuciones voluntarias.

Sin embargo, subrayó que el programa no se debía considerar únicamente como una actividad humanitaria: constituía un elemento político fundamental para el éxito de la operación. En consecuencia, recomendó que la MINURSO no fuera desplegada en la zona de la misión el Día D, a menos que, para esa fecha, se hubieran efectuado la totalidad de las contribuciones voluntarias necesarias para ejecutar el plan de repatriación. El Secretario General confiaba en que sus propuestas constituían un medio equilibrado y equitativo de lograr el objetivo de la celebración de un referéndum libre, justo e imparcial para el pueblo del Sáhara Occidental. Sin embargo, subrayó que para que la MINURSO fuera eficaz debían cumplirse cuatro condiciones indispensables: a) debía tener en todo momento el apoyo pleno del Consejo de Seguridad; b) debía funcionar con la cooperación plena de las dos partes, particularmente en lo referente a la cesación general de todos los actos hostiles; c) debía haber seguridades de que se contaría con la cooperación y el apoyo de los países vecinos (Argelia y Mauritania); y d) los Estados Miembros debían proporcionar oportunamente todos los recursos financieros necesarios. Por último, el Secretario General recomendó que el Consejo de Seguridad debía decidir autorizar el establecimiento de la MINURSO y vincular el comienzo del período de transición a las medidas que adoptara la Asamblea General con respecto a la consignación de fondos.

En su 2984ª sesión, celebrada el 29 de abril de 1991, el Consejo incluyó el informe del Secretario General en su orden del día. El Presidente (Bélgica) señaló a la atención de los miembros del Consejo la declaración formulada por el Secretario General con ocasión de las consultas oficiosas del Consejo celebradas el 24 de abril de 19915, recomendando el establecimiento de la MINURSO a la mayor brevedad posible con objeto de lograr progresos en el restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región.

También señaló su atención a un proyecto de resolución que se había preparado en el curso de las consultas anteriores del Consejo. A continuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 690 (1991), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,

Recordando su resolución 621 (1988), de 20 de septiembre de 1988, por la que, en particular, pidió al Secretario General que le presentase un informe sobre la celebración de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y sobre los medios necesarios para asegurar la organización y supervisión del mencionado referéndum por las Naciones Unidas, en cooperación con la Organización de la Unidad Africana,

Recordando también que, el 30 de agosto de 1988, el Reino de Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro manifestaron estar en principio de acuerdo con las propuestas del Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente en funciones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana, en el marco de su misión conjunta de buenos oficios,

Recordando además su resolución 658 (1990), de 27 de junio de 1990, por la que aprobó el informe del Secretario General, de 18 de junio de 1990, que contenía el texto completo de las propuestas de arreglo aceptadas por las dos partes el 30 de agosto de 1988 juntamente con un bosquejo del plan presentado por el Secretario General para aplicar esas propuestas, y por la que pidió al Secretario General que transmitiera al Consejo de Seguridad un informe detallado sobre su plan de aplicación, que contuviese en particular una estimación del costo de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental,

Deseoso de lograr una solución justa y duradera de la cuestión del Sáhara Occidental,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, de 19 de abril de 1991,

1. Aprueba el informe del Secretario General, presentado al Consejo de Seguridad con arreglo a la resolución 658 (1990);

2. Expresa su apoyo total a los esfuerzos del Secretario General en relación con la organización y supervisión por las Naciones Unidas, en cooperación con la Organización de la Unidad Africana, de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con los objetivos mencionados en el informe del Secretario General;

3. Pide a las dos partes que cooperen plenamente con el Secretario General con miras a la aplicación del plan que se describe en el informe del Secretario General de 18 de junio de 1990 y se desarrolla en su informe de 19 de abril de 1991;

4. Decide establecer bajo su autoridad una Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, de conformidad con el informe mencionado de 19 de abril de 1991;

5. Decide también que el período de transición comenzará, a más tardar, dieciséis semanas después de la aprobación por la Asamblea General del presupuesto para la Misión;

6. Pide al Secretario General que mantenga periódicamente informado al Consejo de Seguridad sobre el proceso de aplicación de su plan de arreglo.


Decisión de 4 de septiembre de 1991:
carta dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad

Por carta de fecha 8 de julio de 1991 dirigida al Presidente del Consejo7, el Secretario General informó al Consejo que, de conformidad con el párrafo 12 de su informe de fecha 18 de junio de 19908, el 24 de mayo de 1991 había dirigido sendas cartas a Marruecos y el Frente Polisario proponiendo que la cesación del fuego entrara en vigor oficialmente el 6 de septiembre de 1991, y que ambas partes habían aceptado esa fecha.

Por carta de fecha 3 de septiembre de 1991 dirigida al Presidente del Consejo, el Secretario General transmitió una nota relativa a la aplicación de la cesación del fuego. Preocupado por los acontecimientos recientes a lo largo de la frontera internacional, señaló que había decidido que en esa etapa los esfuerzos de las Naciones Unidas se concentraran en los lugares que se indicaban en la nota.

Tenía la intención de desplegar aproximadamente 100 observadores militares en esas zonas, a partir del 6 de septiembre de 1991, para verificar el cumplimiento de la cesación del fuego. El despliegue completo de la MINURSO comenzaría sólo cuando las medidas previstas en el calendario del plan estuvieran suficientemente avanzadas. Por carta de fecha 4 de septiembre de 199110, el Presidente informó al Secretario General de que los miembros del Consejo aprobaban su acción.


Decisión de 17 de septiembre de 1991:
Carta dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad

Por carta de fecha 13 de septiembre de 1991 dirigida al Presidente del Consejo, el Secretario General informó al Consejo de que, en el marco del despliegue de los observadores militares encargados de verificar la cesación del fuego en los lugares indicados en su carta de fecha 3 de septiembre, tenía la intención de desplegar un centenar de observadores militares adicionales y el personal necesario para las funciones de mando y control, apoyo logístico, comunicaciones, transporte aéreo y apoyo médico. Por carta de fecha 17 de septiembre de 199112, el Presidente informó al Secretario General de que los miembros del Consejo estaban de acuerdo con las medidas que estaba adoptando.


Decisión de 31 de diciembre de 1991
(3025ª sesión): resolución 725 (1991)

El 19 de diciembre de 1991, de conformidad con la resolución 690 (1991), el Secretario General presentó al Consejo un informe sobre la aplicación de su plan de arreglo para el Sáhara Occidental. Informó que, durante los tres meses siguientes a la aceptación por las partes de la fecha de la cesación del fuego se había visto claramente que no iba a ser posible concluir antes del 6 de septiembre de 1991 una serie de tareas que debían quedar terminadas antes del comienzo efectivo de la cesación del fuego. También se había visto claramente que, no obstante la aceptación anterior del plan de arreglo por las partes, seguía habiendo diferencias sustanciales. En consecuencia, una de las partes no había podido aceptar que el período de transición se iniciara el 6 de septiembre de 1991, como se contemplaba en el plan. Entretanto, habían estallado las hostilidades en el Territorio, interrumpiendo una cesación del fuego oficiosa que había sido efectiva durante más de dos años. En esas circunstancias, el Secretario General señaló que había decidido que la cesación del fuego entrara en vigor el 6 de septiembre como había quedado convenido, en la inteligencia de que el período de transición se iniciaría tan pronto como se hubiesen completado las tareas pendientes. A su juicio, no cabía duda de que la presencia militar y civil de las Naciones Unidas en la zona había contribuido considerablemente a apaciguar la situación aunque ambas partes se habían quejado de violaciones de la cesación del fuego.

El Secretario General lamentó que la lentitud con que se había avanzado en la realización de algunas tareas hubiera hecho necesario ajustar el calendario del plan de arreglo, en gran medida debido a la complejidad del proceso de identificación, cuyo propósito era establecer la lista de los que votarían en el referéndum, y a que las partes habían interpretado de manera diferente el plan a ese respecto. Las partes también mantenían diferencias de interpretación del plan en relación con el confinamiento de las tropas y el regreso de los refugiados y otros saharauis que vivían fuera del Territorio. Era probable que se produjera otra demora de varios meses mientras continuaban las consultas sobre esos asuntos. El Secretario General subrayó que se haría todo lo posible para reducir los costos. Por último, señaló que habría que hacer intensos esfuerzos a nivel político y técnico para mantener el proceso en marcha.

En su 3025ª sesión, celebrada el 31 de diciembre de 1991, el Consejo incluyó el informe del Secretario General en su orden del día. Después de aprobar el orden del día, el Presidente (Federación de Rusia) señaló a la atención de los miembros del Consejo un proyecto de resolución que se había preparado en el curso de las consultas anteriores del Consejo.

También señaló a su atención tres cartas dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad en relación con el tema del orden del día: una carta de fecha 23 de diciembre de 1991 del representante de Ghana; una carta de fecha 24 de diciembre de 1991 del representante de Marruecos; y una carta de fecha 26 de diciembre de 1991 del representante de Argelia.

A continuación se sometió a votación el proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad como resolución 725 (1991), cuyo texto era:

El Consejo de Seguridad,

Reafirmando sus resoluciones 621 (1988), de 20 de septiembre de 1988, 658 (1990), de 27 de junio de 1990, y 690 (1991), de 29 de abril de 1991,

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, de 19 de diciembre de 1991,

Observando con preocupación las dificultades y los retrasos experimentados en la aplicación del plan de arreglo para la cuestión del Sáhara Occidental, aprobado por las resoluciones 658 (1990) y 690 (1991),

1. Aprueba las gestiones del Secretario General relacionadas con la organización y supervisión, por las Naciones Unidas en cooperación con la Organización de la Unidad Africana, de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental y, por consiguiente, acoge complacido el informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, de 19 de diciembre de 1991;

2. Reitera su apoyo a gestiones adicionales del Secretario General relacionadas con la organización y supervisión, por las Naciones Unidas en cooperación con la Organización de la Unidad Africana, de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con las resoluciones 658 (1990) y 690 (1991), por las que el Consejo aprobó el plan de arreglo para el Sáhara Occidental;

3. Exhorta a ambas partes a colaborar plenamente con el Secretario General en la aplicación del plan de arreglo que fue aceptado por ellas;

4. Invita al Secretario General a que presente un nuevo informe al Consejo de Seguridad lo antes posible, sin exceder un plazo de dos meses a partir de la fecha de aprobación de la presente resolución.


Decisión de 25 de marzo de 1992:
carta dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad

El 28 de febrero de 1992, de conformidad con la resolución 725 (1991), el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre la MINURSO16. Subrayó que la función primaria de la Misión, en su actual despliegue limitado, era vigilar la cesación del fuego. Informó de que la cesación del fuego se había respetado: no había habido intercambio de fuego entre ambas partes ni se habían producido muertes como consecuencia de acciones hostiles. Sin embargo, era inquietante el número de violaciones menores de la cesación del fuego, la gran mayoría de las cuales habían sido atribuibles a una de las partes. El Secretario General recordó que el referéndum en el Sáhara Occidental debía haberse celebrado en enero de 1992 y señaló que no había sido posible proceder conforme al calendario original en vista de las persistentes diferencias de interpretación respecto la aplicación del plan. El hecho de que las Naciones Unidas nunca habían organizado un referéndum de esa índole también había contribuido a la demora. El Secretario General dijo que en ese momento no estaba en condiciones de proponer un calendario revisado de ejecución. Sin embargo, creía que se debía establecer un plazo para la resolución de todos los problemas que trababan la ejecución del plan. En consecuencia, propuso volver a informar al Consejo a más tardar al final de mayo de 1992. Entretanto, recomendó que se mantuviera el actual nivel de actividad de la MINURSO durante los tres meses siguientes argumentando que la continuación de su presencia ayudaba a mantener la cesación del fuego y, por ende, a crear condiciones conducentes a eliminar los obstáculos restantes.

Por carta de fecha 25 de marzo de 199217, el Presidente del Consejo informó al Secretario General de que los miembros del Consejo habían tomado nota de su informe de fecha 28 de febrero y reiterado el apoyo del Consejo a sus esfuerzos y a los de su recién nombrado Representante Especial para acelerar la aplicación del plan de arreglo. Teniendo en cuenta lo urgente de la situación, los miembros del Consejo esperaban con interés un nuevo informe del Secretario General sobre los avances realizados en aplicación del mencionado plan.


Decisión de 3 de junio de 1992:
carta dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad

El 29 de mayo de 1992, en cumplimiento del interés y la intención expresados por el Consejo, el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad un nuevo informe sobre la situación de la aplicación del plan de arreglo18. Informó de que, aunque se habían seguido produciendo violaciones de la cesación del fuego con mayor frecuencia desde su último informe, los incidentes no habían sido en general de carácter violento y de que, desde que se había desplegado la MINURSO el año anterior, no había habido una sola víctima. Además, las partes habían asegurado a su Representante Especial que harían todo lo que estuviera a su alcance para respetar las disposiciones del acuerdo de cesación del fuego y cooperar con la MINURSO en el marco del plan de arreglo. En vista de lo antedicho y teniendo presente el crítico papel que venían desempeñando los observadores de la MINURSO en el mantenimiento de la paz y la tranquilidad, el Secretario General recomendó que el Consejo prorrogara el mandato de la MINURSO por un período adicional de tres meses, hasta fines de agosto de 1992. Añadió que si para entonces el proceso de paz siguiera paralizado, el Consejo tal vez deseara considerar una manera diferente de abordar la cuestión.

Por carta de fecha 3 de junio de 199219, el Presidente del Consejo informó al Secretario General de que su informe de fecha 29 de mayo había sido señalado a la atención de los miembros del Consejo, quienes habían reiterado su apoyo a los esfuerzos que él y su Representante Especial estaban haciendo para reactivar el plan de arreglo. El Presidente añadió que los miembros del Consejo compartían la opinión del Secretario General sobre la necesidad de mantener los efectivos de la MINURSO que estaban emplazados en el Sáhara Occidental a fin de supervisar la cesación del fuego. Habida cuenta de la urgencia cada vez mayor de la situación, los miembros del Consejo pidieron al Secretario General que les presentara, lo antes posible, un nuevo informe sobre los progresos realizados en la aplicación del plan.


Decisión de 31 de agosto de 1992:
carta dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad

El 20 de agosto de 1992, de conformidad con el último párrafo de la carta del Presidente de fecha 3 de junio, el Secretario General presentó al Consejo un nuevo informe sobre la situación relativa al Sáhara Occidental20. Informó de que, desde su último informe, el número de violaciones de la cesación del fuego confirmadas por los observadores de la MINURSO había disminuido drásticamente. De conformidad con el acuerdo a que se había llegado con las dos partes, su Representante Especial había iniciado una serie de conversaciones con cada una de ellas, centradas en un primer momento en la formulación de salvaguardias para proteger los derechos y libertades del bando perdedor en el referéndum, independientemente de sus resultados. Cada una de las partes había presentado propuestas sobre dichas salvaguardias. Se había recordado a las partes que, a fin de restablecer la confianza en el proceso de paz, era preciso que se respetara escrupulosamente la cesación del fuego y que se abstuvieran de toda actitud provocadora que pusiera en peligro el plan de arreglo. El Secretario General señaló que las conversaciones habían alcanzado su principal objetivo, crear un clima que permitiese eliminar los obstáculos para la celebración del referéndum —en primer lugar, el desacuerdo para determinar quién tenía derecho al voto21. También informó sobre las conversaciones que su Representante Especial había mantenido con el Gobierno de Marruecos sobre el hecho de que se había informado que éste tenía la intención de celebrar en los próximos meses elecciones municipales y legislativas, así como un plebiscito sobre la reforma de la Constitución, y que los habitantes del Sáhara Occidental tendrían derecho a participar en la votación. Aunque no estaba dispuesto a considerar la posibilidad de aplazar las elecciones previstas, Marruecos había expresado que estaría dispuesto a suscribir un compromiso escrito con el Secretario General en el sentido de que esas elecciones serían independientes y separadas del referéndum de las Naciones Unidas y que aceptaría los resultados de este último. Por último, el Secretario General señaló su intención de presentar un nuevo informe al Consejo antes del final de septiembre sobre los resultados de la siguiente ronda de negociaciones entre su Representante Especial y las partes que se concentraría en la interpretación de los criterios para determinar quién tenía derecho a participar en la votación.

Entretanto, propuso que se mantuvieran el despliegue y la dotación de personal actuales de la MINURSO.

Por carta de fecha 31 de agosto de 199222, el Presidente del Consejo informó al Secretario General de que se había señalado a la atención de los miembros del Consejo su informe de fecha 20 de agosto y que éstos estaban de acuerdo con su propuesta de que se mantuvieran el despliegue de fuerzas y la dotación de personal actuales de la MINURSO. También compartían las opiniones del Secretario General sobre la necesidad de que las partes respetaran la cesación del fuego y se abstuvieran de cualquier comportamiento provocador que pusiera en peligro el plan de arreglo. Los miembros expresaron la esperanza de que ambas partes cooperaran plenamente con el Secretario General y su Representante Especial en sus esfuerzos por conseguir avances rápidos en la ejecución del plan, e instaron firmemente a las partes a que hicieran esfuerzos extraordinarios por lograr que el plan tuviera éxito. Aguardaban con interés la presentación de un nuevo informe sobre la marcha de la ejecución del plan antes de finales de septiembre, como se había señalado.


Decisión de 8 de octubre de 1992:
carta dirigida al Secretario General por el Presidente del Consejo de Seguridad

Por carta de fecha 2 de octubre de 1992 dirigida al Presidente del Consejo23, el Secretario General señaló que los resultados de las conversaciones de su Representante Especial con cada una de las partes sobre los criterios para determinar quién tenía derecho al voto no habían sido concluyentes. Por consiguiente, había autorizado a su Representante Especial a mantener nuevas consultas con miras a aclarar algunas cuestiones pendientes así como a determinar si una reunión de jefes de tribu, como la que habían organizado las Naciones Unidas en Ginebra en junio de 1990, podía contribuir a resolver los problemas que obstaculizaban la puesta en marcha del plan de arreglo.

En espera de que finalizasen esas consultas, el Secretario General propuso que se aplazara la presentación de su informe al Consejo entre seis y ocho semanas. Entretanto, recomendó que se mantuvieran el despliegue y la dotación de personal actuales de la MINURSO.

Por carta de fecha 8 de octubre de 199224, el Presidente del Consejo informó al Secretario General de que su carta de fecha 2 de octubre se había señalado a la atención de los miembros del Consejo. Éstos reiteraron su pleno apoyo a los esfuerzos desplegados por el Secretario General y su Representante Especial para resolver los problemas que obstaculizaban la aplicación del plan de arreglo y, en particular, acogieron con agrado la intención que el Secretario General había expresado de examinar la posibilidad de realizar una nueva reunión de jefes de tribu. Los miembros del Consejo subrayaron la urgencia que revestía la solución de las cuestiones pendientes, en especial las que se referían a la interpretación de los criterios de inscripción en las listas electorales a fin de que se pudiera poner en marcha la ejecución del plan lo más pronto posible. También aprobaron la propuesta del Secretario General de mantener el despliegue y los efectivos actuales de la MINURSO, y manifestaron interés en recibir su próximo informe a su debido tiempo.

Por carta de fecha 22 de diciembre de 1992 dirigida al Presidente del Consejo25, el Secretario General se refirió a su carta anterior de fecha 16 de noviembre 26 en la que había expresado la necesidad de aplazar la presentación de su informe hasta la segunda semana de diciembre, en espera del resultado de la reunión consultiva de los jefes de tribu que se debía celebrar en Ginebra a comienzos de ese mes. Lamentó informar al Consejo que no había sido posible celebrar la reunión debido a discrepancias en relación con el concepto de jefes de tribu —discrepancias que guardaban relación con las divergencias existentes acerca de los criterios de identificación y su interpretación. El Secretario General recordó que había confiado en que se hubiera podido organizar el referéndum en el Sáhara Occidental sobre la base de acuerdos concertados entre todas las partes interesadas en relación con los principales aspectos del plan de arreglo. Sin embargo, muy a su pesar había llegado a la conclusión de que los considerables esfuerzos desplegados por su Representante Especial en los últimos meses para concertar esos acuerdos no se habían plasmado en los resultados esperados. Entonces se consideraba obligado a adoptar medidas con miras a la celebración del referéndum, con la esperanza de que ambas partes colaboraran plenamente con él en cumplimiento de su compromiso de observar las disposiciones del plan de arreglo. En su próximo informe, que iba a presentar al Consejo en la segunda quincena del mes de enero de 1993, se proponía exponer las distintas medidas que sería preciso adoptar con objeto de que el referéndum se celebrara a la mayor brevedad posible.


http://www.un.org/es/sc/repertoire/89_92/89-92_VIII.pdf